Es perfectamente comprensible que una provincia claramente deficitaria, que discute la coparticipación federal pues se considera con razón perjudicada, y que, además, ha encarado un fuerte plan de obras públicas financiado con endeudamiento externo, tenga la necesidad de aumentar los impuestos, en particular el inmobiliario rural.
No ofrece duda alguna que, con la gradualidad del caso, el gobierno bonaerense deberá reducir su déficit, fundamentalmente su gasto público, reduciendo áreas innecesarias y eliminando cargos de administraciones anteriores, verdadero lastre de las prácticas políticas prebendarias. Ello, tanto en la administración central cuanto en las numerosas intendencias. También, a la vez que los apoya, como lo ha hecho ya y recibió fuerte respaldo electoral, deberá exigir de los municipios un ajuste similar, prudente, pautado, pero incesante. De lo contrario, el déficit fiscal provincial aumentará.
El campo argentino, en especial el bonaerense por su significación en el conjunto, ha respondido con entusiasmo al llamado del presidente de la Nación, con aumento en las áreas sembradas, con cosechas cercanas al récord histórico, y con fuerte inversión en toda la industria metalmecánica, vinculada a la maquinaria rural, camionetas e insumos agrícolas, entre otros.
El Gobierno, a su vez, quitó las absurdas retenciones al trigo y al maíz, con la inmediata explosión de las exportaciones de dichos productos. No sucedió lo mismo con la soja, de la cual sólo se redujo el 5%, inicialmente satisfactorio, pero claramente insuficiente hoy, pese a la promesa de reducción paulatina.
El gobierno provincial anuncia ajustes en el impuesto inmobiliario del 50% sobre el año último, obviamente ello arrastrará las tasas municipales. El argumento es que las valuaciones fiscales de los campos están atrasadas. Aun soslayando que de 2006 a 2016 el gobierno de Scioli aumentó 20 veces este gravamen, el argumento deja de ser razonable si se mira en conjunto la situación del productor. En efecto, para poder alcanzar rindes suficientes es imposible dejar de aplicar la totalidad del paquete tecnológico disponible. Pero ocurre que su costo se ha elevado a un nivel tal que los llamados "rindes de indiferencia", resultado de cosecha con el cual ni se gana ni se pierde, han sido empujados para arriba, al punto que la ecuación no cierra.
Un contratista que siembra en campo de terceros, modalidad que ha reemplazado las locaciones rurales tradicionales, si aplica todo el paquete que debe utilizar, trabaja con maquinaria propia, cumple con todas las obligaciones fiscales y previsionales, paga el porcentaje al propietario, soporta los aumentos de combustibles, abona los seguros tanto de cosecha como de personal, entre otros factores, para "salir hecho" necesita lograr 87,3 quintales de maíz y 37,6 quintales de soja. Estos son rindes muy razonables en la pampa húmeda, sobre todo si se tiene en cuenta que el rinde promedio país fue en la cosecha 2016/17, de 81,8 quintales en maíz y de 32 quintales por hectárea en soja. Para llegar a ese promedio en soja, por lo menos la mitad de los productores no llegó a los 20 quintales, y otra mitad rondó los 40 quintales o más. Obviamente, el problema lo tienen los primeros.
Los propietarios de campos que trabajan con esa modalidad ven ajustados a la baja los porcentajes que reciben, pero deben atender la avalancha de impuestos de todo tipo: ganancias, patrimonio, ingresos brutos y municipales, más los fletes y depósitos, antes de llegar al impuesto inmobiliario. De donde sus números resultan también muy ajustados, sólo positivos con rindes extraordinarios.
En este contexto, sin olvidar el adverso factor climático y las inundaciones con anegamiento persistente que el gobierno tiene el deber de evaluar, la provincia anuncia este aumento del 50% del impuesto inmobiliario, que costará unos 4000 millones de pesos a los productores, según estimaciones de Confederaciones Rurales Argentinas. Hoy por hoy, nadie trabaja sin una previsión y ningún productor tiene presupuestado un aumento de semejante nivel. Sin desatender las necesidades de la provincia es necesario bajar impuestos, no aumentarlos de golpe, y tanto. Pero, sobre todo, es necesario aumentar la producción y garantizar la retribución justa por el trabajo realizado. Los costos de producción, más impuestos y fletes, se han comido la ganancia. Comienza el desaliento.
Por eso es necesario actuar sincronizadamente: bajar el costo de los insumos, vía dólar, vía acuerdos o planes; bajar las retenciones a la exportación ya; velar por el adecuado precio del producto, buscar la correcta competitividad en todas las formas posibles y, entonces, simultáneamente ir aumentando de manera gradual el impuesto inmobiliario hasta llegar a números acordes con la realidad. No hay forma de equilibrar las finanzas públicas sin un aumento en la producción y, sobre todo, sin provocar un retroceso de los resultados actuales.